La custodia de los prisioneros franceses de Bailén

La vida cotidiana de los chiclaneros, en octubre de 1808, transcurría con las preocupaciones propias de una villa agraria y la incertidumbre de los últimos acontecimientos de la guerra. Las noticias llegaban con retraso, pero eran un cúmulo de información que pronto corrían de boca en boca por la población. En la villa, se había instaurado una economía de guerra ante la necesidad de resistir la embestida del Ejército enemigo en la zona Norte, donde aún se mantenían varios sitios. Por ello, la Junta Suprema de Sevilla enviaba a la villa, órdenes y requerimientos en las que se obligaba a la población, al margen de los inevitables alistamientos, realizar grandes esfuerzos y sacrificios, como eran la entrega de caballerías e incluso de pequeñas armas blancas y otras de fuego que tuviesen en sus casas los vecinos. La Junta Local estaba compuesta por: José María Gómez abogado de los Reales Consejos, corregidor y capitán de guerra; Juan José Montiel y Nicolás de Olmedo Morales, presbíteros; Francisco Pascual Morales, Diego Sánchez Rendón y el abogado de los Reales Consejos, Francisco Aragón de los Ríos. Todos ellos hacían lo posible para asegurar el cumplimiento de las órdenes, al tiempo que mantenían un cierto equilibro conciliador con los vecinos a fin de evitar motines y revueltas.

La guerra, después de la Batalla de Bailén parecía menos andaluza. Sin embargo, era un espejismo, pues el mismo hecho de la victoria en Bailén, ya era en sí una complicación más tras la llegada, en agosto, de un grupo de prisioneros franceses a la villa chiclanera. Las cargas del sostenimiento, mantenimiento y vigilancia de los prisioneros franceses provocaban un cierto malestar. La organización de doce compañías –de cuatro hombres cada una de ellas- de milicias ciudadanas para poder custodiarlos las veinticuatro horas del día suponía un añadido más a los esfuerzos económicos personales. La mayoría no pusieron impedimento alguno, otros se implicaron como buenos patriotas y otros buscaron excusas de todo tipo. Los médicos y los sacerdotes eran, con la expedición de certificados, los “salvadores” de algunos ciudadanos para evitar las tareas de vigilancia y control a los prisioneros. Un ejemplo de ello lo encontramos en un certificado médico extendido por uno de los facultativos de la villa: “Certifico y juro que el señor don Lorenzo Conde adolece y padece en todas las quatro estaciones del año una dispnea o falta de respiración (…) se le ha prohibido todo exercicio violento, se le ha encargado la quietud de las pasiones íntimas y que se abstenga de andar al sol…” También, por enfermedad, Juan Seco Castañeda presentó en el ayuntamiento un escrito –memorial- dirigido a la Junta Local en el que exponía que no podía hacer las guardias por: “Padecer de unas llagas en una pierna con tal estrago que la tiene esta casi toda negra (…) y una cicatriz de resultas de un tumor que adoleció quando pequeño”.  En estos casos, la Junta se reunía y dictaminaba si se concedía el revelo o no del ciudadano. Nos consta que en el segundo caso se dictaminó, que fuese relevado de hacer las guardias y sustituido por otro miliciano civil.

Todo era válido para eximirse del servicio de guardia a los prisioneros. Incluso una estanquera se dirigió mediante un oficio a la Junta Local para que el mozo que tenía empleado en su negocio y que gozaba de toda su confianza dejase de hacer guardia y así poder atender el servicio que prestaba en el estanco. Del mismo modo, el ayudante de la Escuela de primeras letras solicitaba su exención del servicio en una de las compañías para seguir atendiendo a los niños de la escuela. La Junta le concedió una libranza especial de guardias durante las horas del día que trabajaba en la escuela, el resto de las horas tendría que hacer la guardia correspondiente. Otras personas como “el caballero comandante” de la cuarta compañía, José María Mon Hierro, hijo del conde del Pinar, se excusaba de seguir formando parte de dicha compañía al tener que viajar a Madrid con su familia.

Para el sostenimiento y suministros de los prisioneros, se elaboró una lista de personas pudientes de la población, para que éstas pudiesen socorrer a necesidades más perentorias, pues todos los objetos de valor, así como monedas extranjeras y nacionales le fueron incautadas a la llegada. Pero los donativos fueron pocos e insuficientes. Así, en un oficio enviado desde Cádiz, se comunicaba a la Junta Local que sólo alcanzaban para cuatro días de manutención. Ante tal situación, días más tarde llegó una orden de Tomás de Morla, capitán general e intendente de la provincia de Cádiz en la que especificaba  cómo se debía de utilizar el dinero aprehendido a los franceses y que estaban en las oficinas del depósito de rentas reales. Al mismo tiempo, daba el visto bueno para que se comprasen en Jerez 200 fanegas de trigo. A finales de octubre, la Junta Local exigió a las personas que se habían comprometido a dar los donativos que se apresuraran a darlos, pues si no lo hacían “incurrirían en penas” según había dictado la superioridad de Cádiz. La situación era insostenible, incluso se exigió al administrador del arca del Pósito parte del dinero en él depositado para asistir a la manutención, sobre todo para pan, leña y aceite.

Por otro lado, algunos individuos aprovechaban el momento para hacer negocio con los franceses y solicitaban permiso para abrir una pequeña tienda de comestibles y vino junto al cuartel de los prisioneros, algo que fue denegado. Otros vecinos se quejaban de que habían sido desalojados de la habitación en donde vivían por ser extranjeros, concretamente, genoveses. Algunos incluso trataron de engañar a los soldados franceses o robarles. Un ciudadano fue sentenciado a una pena de tres días de prisión y veinte ducados de multa por robarle un reloj a un prisionero. La relación con los prisioneros debería de ser mínima y se sospechaba de todo aquel que mantuviese conversaciones con ellos. Un día apareció en la villa una mujer procedente del ejército francés, Ursula Dilrey que fue detenida y alojada en la cárcel pública. Era la viuda de un sargento de infantería que había muerto en la batalla de Bailén. La Junta solicitaba al intendente Tomás de Morla qué se debía de hacer. Días más tarde se recibió una orden para que fuese conducida  al hospicio de Cádiz. Mientras tanto, entre requerimientos, órdenes y austeridad, la Junta Local de la “invicta y noble” villa de Chiclana organizaba el alistamiento de los chiclaneros que engrosarían las filas del Ejército español.

Publicado en Chiclana Información, el 31 de octubre de 2008